Publicado: 11 de Mayo de 2015

¿Cómo están la estructura y la cimentación? ¿Y la fachada y las medianeras? ¿Qué grado de conservación tienen las cubiertas y las azoteas? ¿Y las redes eléctricas? ¿Y las de fontanería? ¿Y las de saneamiento? ¿Y los ascensores? Estas y otras interrogantes deberán tener cumplida respuesta a fecha 31 de diciembre de 2015 para unas 21.400 viviendas de Santander y casi 7.000 de Torrelavega. Esa es la traducción práctica -con datos del parque de viviendas recogidos en el estudio socioeconómico del Plan General de Urbanismo en el caso de la capital- que se extrae a la hora de fijar el número de pisos que deberá someterse de forma obligatoria a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una reconvertida 'itv' de la edificación que el Gobierno de Cantabria hará obligatoria a partir de 2013, en cumplimiento de la normativa nacional promulgada en julio de 2011.

La conclusión directa es que los propietarios de los edificios afectados -Antonio González Barrios, director general de Vivienda, hizo hace un año una estimación preliminar superior a los 2.000 (edificios, no viviendas) en toda Cantabria- tendrán que hacer frente al pago de un técnico cualificado que haga la inspección. Si el informe detecta deficiencias, los vecinos deberán sufragar, previsiblemente vía derrama y en muchos casos buscando financiación, los defectos que haya que corregir, cuya cuantía dependerá de los daños descubiertos. Un gasto añadido que, de cumplirse la ley, habrá que acometer obligatoriamente y que gravarán aún más, y en tiempos de crisis, las economías domésticas.