• SANTANDER CONCEDE AYUDAS PARA ASCENSORES

    SANTANDER CONCEDE AYUDAS PARA ASCENSORES

    2 de Septiembre de 2015

    Santander, 8 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha autorizado la concesión de nuevas ayudas para la instalación de ascensores y la mejora de fachadas por un importe superior a los 30.000 euros.

    Según ha precisado el concejal de Urbanismo, César Díaz, se han aprobado dos ayudas de 6.750 euros cada una a las comunidades de vecinos de Daoiz y Velarde 29 y Del Medio 7 para la instalación de ascensores en dichos inmuebles.

    Asimismo, se ha acordado la concesión de dos ayudas a las comunidades de propietarios de la calle Arrabal 3 y Jesús de Monasterio 6 para la realización de obras en su fachada por un importe de 1.538 y 15.866 euros, respectivamente.

    El concejal ha apuntado que el Consistorio santanderino colabora con las comunidades de propietarios en la conservación y el mantenimiento en buen estado de los edificios de la ciudad, con ayudas y acciones que van encaminadas a favorecer la reparación de los mismos.

    También se ha referido a las subvenciones para la instalación de ascensores que mejoran la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de los edificios en el municipio.

  • No me vengan con competencias… El Estado habla, los   demás callan

    No me vengan con competencias… El Estado habla, los demás callan

    15 de Junio de 2015



    Autor: Julio Tejedor | Fecha: 15/06/15 08:32

    Categorias: Sin categoría 



    Siendo criticables, a mi juicio y por las razones que expuse en mi anterior comentario, los pronunciamientos de fondo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015, de 14 de mayo, el tratamiento del tema competencial resultan aún más preocupante porque se une a los criterios sustantivos para desapoderar a las Comunidades Autónomas de parte sustancial de su competencia de vivienda. Pese a lo afirmado en el fundamento jurídico undécimo de la propia Sentencia 93/2015, al que me he referido en mi anterior comentario, el Tribunal realiza ahora una interpretación del artículo 149.1.13 de la Constitución que socava de forma muy notable las competencias autonómicas y, en palabras de la magistrada disidente Adela Asua Batarrita, “aporta un nuevo constreñimiento de las competencias autonómicas, que se añade a una serie –ya excesiva- de pronunciamientos recientes, que, como he señalado en votos anteriores, si no se corrigen, terminarán redundando en una grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial consagrado por la Constitución”.

    El Tribunal omite toda referencia a títulos competenciales más específicos, como el relativo a las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, y se afana en afirmar sobre una precaria fundamentación la competencia estatal para establecer medidas limitativas del impacto de la protección de los deudores hipotecarios sobre el valor de los activos ejecutados que, además, considera excluyentes de cualesquiera otras que pudiera adoptarse desde la competencia más específica de vivienda por las Comunidades Autónomas. En palabras del Tribunal “hemos de partir de que el Estado, con las medidas que disciplina en la Ley 1/2013 conforma un régimen jurídico con el que se propone actuar sobre el sistema de ejecución hipotecaria para dar cobertura a las necesidades sociales de vivienda y, al mismo tiempo, que con ello no se perturbe significativamente el funcionamiento de los mercados hipotecarios. (…) Con este trasfondo, y sin prejuzgar si es acertado o no sea el equilibrio definido así por el Estado, pues tal apreciación de oportunidad queda fuera de los márgenes de enjuiciamiento de este Tribunal, la adición por la norma autonómica de un nuevo mecanismo orientado a satisfacer esa misma situación de necesidad rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia, acción pública que el Estado articula con ese carácter como medio de obtener simultáneamente los dos objetivos de política económica indicados”.

    Así pues, identificado el conflicto entre el logro del mayor valor de las viviendas en manos de la banca y SAREB y la protección de deudores hipotecarios en el contexto de saneamiento del sistema financiero (con fondos públicos, por cierto), el Tribunal Constitucional considera correcto ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13 la regulación de las medidas de protección. Cualquier medida adoptada por una Comunidad Autónoma, aun amparada inicialmente en sus competencias estatutarias, quedará sometida a un juicio de constitucionalidad mediata consistente en el análisis de que “signifique una dificultad para la realización efectiva de aquéllas”. De ser así no es sólo que la norma autonómica resulte inconstitucional, es que cede la competencia autonómica misma bajo el imperio de la nueva y expansiva interpretación de un título tan general como el de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

    El Tribunal analiza muy sucintamente las medidas adoptadas por el Estado para la reorganización y recapitalización del sistema financiero para hacer frente a la “situación de los balances de los bancos y la dificultad de acceso al crédito por empresas y consumidores” (FJ 17). Y en el contexto de las mismas incluye las relativas a la suspensión de lanzamientos y la creación del llamado fondo social de viviendas (de manifiesta ineficacia y sesgada regulación a favor de las entidades financieras o instrumentales propietarias de las viviendas) arbitrados por el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, sustituido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificada por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. Para el Tribunal, “el Estado define con esta doble medida la extensión de la intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado. En conclusión, las medidas estatales reseñadas, en tanto que determinan de un modo homogéneo para todo el Estado los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores, concurren de un modo principal a regular el mercado hipotecario en su conjunto y, al tratarse este de un subsector decisivo dentro del sector financiero, inciden directa y significativamente sobre la actividad económica general” (Sentencia 93/2015, FJ 17).

    Y sobre la anterior afirmación el Tribunal no duda en potenciar, y aun construir, una competencia estatal para la regulación del sector de la vivienda, afirmando, sobre precedentes anteriores muy criticados como la Sentencia 152/1988, de 17 de marzo, diciendo que “adicionalmente, dado que su finalidad es garantizar a un mismo tiempo la efectividad del derecho a una vivienda y la regularidad sustancial en el funcionamiento del sistema financiero, cabe reputar, en lo que resulte concerniente a este proceso constitucional, las acciones públicas disciplinadas en el art. 1 y en la disposición adicional primera de la Ley 1/2013 como elementos básicos de la regulación del sector de la vivienda, que, como el Tribunal ha declarado reiteradamente (SSTC 152/1988, de 17 de marzo, FJ 2 y 4; 251/2006, de 5 de julio, FJ 11; y 112/2013, de 9 de mayo, FJ 3), es un subsector importante de la economía, admitiéndose como constitucionalmente legítimo que, aun cuando la competencia en materia de vivienda corresponda a las Comunidades Autónomas, el Estado señale, si lo considera necesario, ciertas líneas directrices de la ordenación de este segmento de la economía” (Sentencia 93/2015, FJ 17). Hasta sorprende la apelación al derecho a la vivienda tras la contundente afirmación anteriormente comentada.

    No obstante lo anterior, la compatibilidad de la normativa autonómica con la adoptada por el Estado permitiría convivir a ambas regulaciones, sin cercenar competencia autonómica alguna. Los cuatro magistrados disidentes, por cierto, afirmar que tales normas resultan plenamente compatibles, los cuatro. Pero no lo entiende así la mayoría, que afirma que la expropiación de uso de la vivienda para destinarla a alojamiento “aborda la misma situación de necesidad que la normativa estatal reseñada, pero lo hace mediante una regulación que, lejos de consistir en una mera modificación o corrección de técnica jurídica respecto de la solución arbitrada por ésta, responde a un principio incompatible” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Pero el Tribunal con concreta en qué consiste exactamente esa incompatibilidad. De forma tautológica afirma, tras lo anterior, que “la respuesta normativa autonómica no se reduce a adaptar la solución estatal de suspensión del lanzamiento «hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley» (art. 1 Ley estatal 1/2013, en la redacción que le da el Real Decreto-ley 1/2015), introduciendo simples modificaciones o correcciones en función del título competencial autonómico en materia de vivienda, sino que arbitra un mecanismo por completo incompatible, como es la expropiación del uso de la vivienda objeto del procedimiento de ejecución por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. Este instrumento expropiatorio también difiere radicalmente del fondo social de viviendas que, para facilitar el acceso de personas desalojadas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles, regula la disposición adicional primera de la ley estatal 1/2013” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Como los magistrados disidentes no alcanzo a entender donde radica tan evidente incompatibilidad que, al constituir a juicio del Tribunal “un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado disciplina en la Ley 1/2013”, comporta que “el legislador andaluz ha ejercitado la competencia que le incumbe en materia de vivienda de un modo que menoscaba la competencia estatal ex art. 149.1.13ª CE” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Coincido la magistrada disidente Adela Asua Batarrita, frente al expresado criterio del Tribunal, en que “el hecho de que una Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, haya optado por su propia solución normativa frente a un determinado problema es expresión del principio constitucional de autonomía (art. 2 CE). El legítimo ejercicio de las competencias asumidas estatutariamente no puede quedar subordinado a una pretendida coherencia (eufemismo que apela a la uniformidad) de la acción pública en todo el territorio del Estado”.

    El ejercicio de la competencia de bases y planificación de la actividad económica tal cual la concibe ahora el Tribunal Constitucional y, en lo que nos afecta, específicamente desde la perspectiva de “la reorganización y recapitalización del sistema financiero”, proyectada sobre un sector económico de competencia autonómica comporta, en palabras del magistrado disidente Juan Antonio Xiol Ríos, “un efecto de bloqueo de la competencia sectorial autonómica exclusiva”. Y ello aunque afirme el Tribunal que “las indicadas acciones estatales no agotan la competencia autonómica en materia de vivienda, que sigue intacta en gran medida porque puede ser ejercida a través de todo tipo de regulaciones que estén desligadas del mercado hipotecario, como ocurre, dentro del mismo decreto-ley recurrido, con los instrumentos de fomento previstos en el Capítulo III del Título VI” (Sentencia 93/2015, FJ 17). El mercado hipotecario y el sistema financiero se erigen de este modo en límites infranqueables para el legislador autonómico de vivienda. ¿A cuántas competencias autonómicas más habrá de afectar la preservación por el Estado de los privilegios derivados del modelo regulatorio financiero e hipotecario vigente en España?

  • Constitución de Ayuntamientos

    Constitución de Ayuntamientos

    15 de Junio de 2015


    Con motivo de las elecciones del pasado 24 de mayo se ha producido una nueva situación política, con una fragmentación de la representación popular, que ha dado lugar a una generalizada búsqueda de pactos o apoyos de gobierno. Ante la similitud aparente del régimenparlamentarista de los Ayuntamientos con el del Estado y las Comunidades Autónomas, en más de una ocasión he tenido que oír interpretaciones peregrinas sobre la fórmula para proclamación de Alcaldes. Por ello, aunque para muchos no aportará nada nuevo, me ha parecido bueno hacer un recordatorio de algunas cuestiones.

    En primer lugar, el Alcalde se elige en una única votación. No ha lugar a segunda votación, salvo en el caso de que quien resulte proclamado Alcalde renuncie en el mismo acto y en el improbable supuesto de que se aprecie nulidad de la primera votación.

    Si como resultado de la votación un candidato obtiene mayoría de votos, pero no alcanza la mayoría absoluta del número de votos, no se proclama Alcalde al candidato más votado, ni se procede a nueva votación, siendo proclamado Alcalde el candidato que encabezó la lista más votada. Por ejemplo, en un pueblo de más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes se han elegido 17 Concejales de 6 partidos, correspondiendo 4 al partido A, que ha sido el más votado. También 4 al partido B, 3 al partido C, 3 al D, 2 al E y 1 al F. En la votación del 13 de junio el candidato del Partido F obtiene 8 votos, el suyo más los de los partidos B (4) y C (3). El partido A, D y E obtienen cada uno los suyos (4, 3 y 2, respectivamente) y resulta proclamado Alcalde el Concejal que encabezaba la lista A, por ser la más votada el 24 de mayo.

    Ahora vamos a suponer que la lista más votada se abstiene y los demás se votan a sí mismos. La lista A, más votada, obtiene cero votos en la elección de Alcalde, pero su primer candidato será proclamado Alcalde, al no alcanzar la mayoría absoluta ninguno de los demás candidatos.

    Puede ocurrir que alguno de los candidatos electos decida no llegar a tomar posesión del cargo de Concejal, por los motivos que sean. Bastará con que antes de la sesión constitutiva presente su renuncia ante la Junta Electoral de Zona, quien acreditará como electo al siguiente de su lista que corresponda.

    Así, La Junta Electoral Central en su Acuerdo de 7 de febrero de 1996, ante la Consulta del Ayuntamiento de Otura (Granada), sobre la interpretación del art. 196 LOREG ante la elección para el cargo de Alcalde, en la que el candidato del partido con más sufragios populares no obtuvo ningún voto no llegando a la mayoría absoluta el candidato del siguiente partido en número de votos, acuerda:

    «Comunicar que ha de ser proclamado Alcalde el candidato de la lista más votada aunque no haya obtenido ningún sufragio de los concejales a la elección de Alcalde por cuanto el art. 196 atribuye ex officio dicho cargo a dicho candidato».

    Otra circunstancia que se puede dar es que el candidato de cualquier lista no desee, por alguna circunstancia, ser elegido Alcalde, pero sin renunciar a la condición de Concejal. Puede renunciar a ser candidato previamente a la sesión constitutiva, siendo sustituido por el siguiente electo de la lista, pasando a ocupar la última plaza de electos de su lista, a efectos de futuras renuncias que pudieran hacer que la lista siguiera corriendo. Así, una vea subsanados los impedimentos que dificultaron su elección como Alcalde, su partido puede facilitar su proclamación mediante sucesivas renuncias.

    Por último, aunque no verse sobre la forma de elección de Alcalde, haremos mención a otro tema recurrente. La sesión constitutiva del Ayuntamiento deberá celebrarse en el Salón de Plenos de la Corporación. Puede ocurrir que alguna circunstancia lo impida, como ocurre en Brunete donde el incendio del Salón impide su uso para tal fin, pero la mera conveniencia o vistosidad de la ceremonia no justifica el cambio. Cosa diferente será que el Reglamento Orgánico Municipal dispusiera que la sesiones se celebrarán en el Salón de Plenos, pero prevea alguna excepción. No obstante, en aquellos municipios que tradicionalmente celebran la sesión constitutiva en otro lugar, pueden estar tranquilos, pues este defecto no creemos que determine la nulidad absoluta de la constitución.

  • La banca sí tiene quien la ampare… pero no el derecho a la vivienda…

    La banca sí tiene quien la ampare… pero no el derecho a la vivienda…

    15 de Junio de 2015


    Es bien conocido lo ocurrido con el impuesto autonómico sobre los depósitos bancarios. Declarada su constitucionalidad inicialmente por la STC 210/2012, de 14 de noviembre,considerando que no existía equivalencia con los impuestos sobre el valor añadido y sobre actividades económicas, rápidamente el Estado estableció dicho gravamen, sobre el papel, con finalidad armonizadora y no recaudatoria. Conseguía así, desde sus competencias, impedir que las Comunidades Autónomas ejerciesen las suyas (art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, cuya constitucionalidad ha ratificado la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de mayo de 2015). Tras la normativa estatal las Sentencias del Tribunal Constitucional 30/2015, de 19 de febrero, y la más reciente de 28 de mayo de 2015, han declarado la inconstitucionalidad de normas autonómicas valencianas y catalanas que trataron de establecer este gravamen al tratarse de un impuesto equivalente al estatal. El Estado ejerció así una competencia únicamente para bloquear el posible ejercicio diferencial que de las suyas podían realizar las Comunidades Autónomas. Tal forma de actuar, amparada en la constitucionalidad formal de la normativa estatal no deja de resultar criticable desde una perspectiva material y, sobre todo, valorada a la luz del significado que los principios de autonomía y de lealtad constitucional tienen en nuestra Constitución. Pudiera decirse que el Estado alumbró una nueva modalidad de legislar, la aprobación de leyes de bloqueo, sin más objetivo que impedir la legislación autonómica.

    No puedo evitar recordar lo anterior, que me parece harto criticable, cuando leo perplejo, aunque quizá no tanto como los cuatro magistrados disidentes, la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015, de 14 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad número 4286-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. La Sentencia, que cuenta con tres duros votos particulares suscritos por cuatro magistrados, realiza una interpretación del artículo 149.1.13ª de la Constitución que, aun enmarcada en una doctrina del Tribunal claramente expansiva de dicho título competencial en su efecto habilitante al Estado, construye ahora una nueva competencia estatal en relación con “la reorganización y capitalización del sector financiero” que, sobre la base de un somero y cuestionable análisis de compatibilidad entre las medidas adoptadas por el Estado y Andalucía para proteger a quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda, termina cercenando la competencia autonómica sobre vivienda. Es la solvencia del sistema en sí lo que se trata de recuperar y preservar con la afirmación de la competencia estatal. Son muchas las cuestiones que en ella se abordan, tanto desde la perspectiva del encaje constitucional y estatutario de los decretos-ley como, muy especialmente, en lo relativo a la configuración constitucional de la propiedad de la vivienda y del derecho a la vivienda y al alcance de la competencia estatal sobre bases y planificación general de la actividad económica y a su impacto, abiertamente limitativo, sobre las competencias exclusivas autonómicas. A las dos últimas cuestiones, dadas las escasas novedades  dedico las reflexiones que siguen.

    Reconocido de nuevo el encaje constitucional, conforme a las correspondientes previsiones estatutarias, del decreto-ley autonómico, el Tribunal rechaza que puedan imponerse exigencias específicas a los ejecutivos autonómicos o que la mayor agilidad del procedimiento legislativo en las asambleas autonómicas sea algo más que un elemento más para valorar la necesidad de la adopción de la norma urgente por parte del ejecutivo (FFJJ 3 a 6). Más interesante es el análisis que el Tribunal realiza acerca de la concurrencia del el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad (FJ 7), que le lleva a concluir que existe una definición explícita y razonada de la extraordinaria y urgente necesidad en la exposición de motivos del Decreto-ley impugnado (FFJJ 8 y 9) y que las medidas guardan un nexo adecuado con la situación de necesidad definida (FJ 10).

    Especial interés tiene la desestimación por el Tribunal del tercer argumento esgrimido por el Estado para rechazar la existencia del presupuesto habilitante del Decreto-ley recurrido, la posibilidad de conseguir el fin que con él se persigue mediante mecanismos previstos ya en la legislación vigente (Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, derogado, tras ser tramitado como proyecto de ley, por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). El Tribunal considera, apoyándose en su anterior Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre, que “cuando concurre, como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre claro está que lo hagan dentro de su espectro competencial. El hecho que el legislador estatal haya aprobado, invocando al efecto sus competencias, medidas legislativas para satisfacer tal necesidad no es razón para impedir que otro legislador haga lo propio dentro de las suyas. Por ello, esta última objeción relativa al presupuesto habilitante se reconduce a si la Junta de Andalucía tiene competencia en la materia sobre la que recaen las medidas discutidas” (Sentencia 93/2015, FJ. 11). Esta es una de las claves de la Sentencia 93/2015. Por esta razón el Tribunal afronta, como explicaré a continuación, una reconstrucción expansiva de la competencia estatal sobre bases y planificación general de la actividad económica que, a la postre, comporta la negación de cualquier competencia autonómica concurrente como pudiera ser la de vivienda. Y lo hace, sorprendentemente, afirmando la inconstitucionalidad mediata de la norma autonómica, negando la competencia autonómica misma, tras analizar muy someramente la compatibilidad de la normativa autonómica con la dictada por el Estado al amparo del reconstruido título del artículo 149.1.13 de la Constitución. Tal forma de argumentar en los fundamentos jurídicos 16 a 18 de la Sentencia 93/2015 bien pudiera considerarse contradictoria con lo afirmado en el fundamento 11 de la misma que acabo de citar.

    Pero antes de analizar la apuntada cuestión competencial debe hacerse referencia al análisis que la Sentencia 93/2015 realiza de la posible vulneración por el Decreto-ley recurrido de los límites materiales a que están sujetos y, en particular, de su posible afección al derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución) y al derecho a la vivienda (art. 25 del Estatuto andaluz, en conexión con su art. 110, que impide que los decretos-ley afecten “a los derechos establecidos en este Estatuto”). Pues bien, el Tribunal considera que el art. 1.3 del Decreto-ley, al imponer al propietario de una vivienda “el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” impone un “único uso posible a un determinado tipo de bienes (…) con la influencia consecutiva que esa imposición tiene sobre el poder de disposición, dado que se reducirá notablemente el mercado de compradores y cambiarán las condiciones en que éstos estarán dispuestos a adquirir el bien”. Afirma pues el Tribunal, sin detallar por cierto a qué otros usos se refiere, que la obligación de destinar una vivienda al uso residencial que le es propio la devalúa en el mercado. Ni más ni menos. Y olvida además que el artículo 2.4 del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece que “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia”. Y el que el artículo 9.1 de la misma Ley prevé que “el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística”, de modo que fijado el uso residencial resulta difícil imaginar otros usos que, aun pudiendo ser admitidos en el planeamiento, sólo en raras ocasiones resultarán más lucrativos. ¿Resultaría igualmente inconstitucional a juicio del Tribunal una norma urbanística autonómica que previese el residencial como uso exclusivo una vez fijada tal calificación? En todo caso el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del precepto andaluz que establecía que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previstos por el ordenamiento jurídico”. Parece que la categoría de bienes o el tipo de uso resultan decisivos, pues ningún obstáculo se opuso a la normativa de fincas manifiestamente mejorables, agraria andaluza o extremeña de la dehesa, entre otras. La vivienda, entendida como un activo económico, parece ser diferente. En esto coinciden el Tribunal Constitucional y la SAREB.

    ¿Y “afecta” el Decreto-ley recurrido al derecho a la vivienda? El Tribunal Constitucional viene a decir que da igual. Ignorando su propia jurisprudencia que, en algunos supuestos, ha explorado la construcción del derecho a la vivienda, obviando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo considera derecho fundamental y privando de toda relevancia a numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en conexión con otros derechos recogidos en el Tratado, ha protegido a ciudadanos en su derecho a la vivienda. Pues bien, para desestimar la alegación del Estado de que el Decreto-ley vulnera los límites materiales a que ésta sujeto afirma el Tribunal que “basta para rechazar esta alegación con destacar que el derecho a una vivienda digna recogido en el art. 25 EAAnd, que más que un derecho subjetivo es un mandato a los poderes públicos autonómicos [SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 15 c); 31/2010, FJ 16; y 110/2011, de 22 de junio, FJ 5], garantiza la posición jurídica del ciudadano que necesita un lugar donde vivir y no la del propietario de la vivienda, interés este último que no está amparado por el contenido del art. 25 EAAnd sino por el derecho de propiedad recogido en el art. 33 CE. Es claro, por tanto, que la afectación que arguyen los recurrentes podría incidir en el derecho de propiedad (art. 33 CE), cuestión que como hemos razonado queda sobrevenidamente fuera del objeto de este proceso constitucional, pero en ningún caso en la situación jurídica tutelada por el art. 25 EAAnd, de modo que no existe vulneración del referido límite material que impone el art. 110 EAAnd en relación al art. 25 EAAnd.” (Sentencia 93/2015, FJ 14). De este modo, incidentalmente, se quiebra el proceso jurisprudencial y doctrinal de construcción del derecho a la vivienda ignorando, una vez más, que la normativa básica estatal prevé expresamente, con carácter básico y concretando legalmente el alcance del artículo 47 de la Constitución, el derecho de todos los ciudadanos a “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados” [art. 4.a) de la Ley de Suelo de 2008].

    La Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015 desde la perspectiva expuesta resulta demoledora de la competencia autonómica para establecer mayores estándares de protección del derecho a la vivienda mediante regulaciones más incisivas del derecho de propiedad. Pero, como explicaré en mi siguiente comentario, todavía lo es más desde una perspectiva competencial.

  • Casares propone un plan integral de mejora y rehabilitación de los barrios de Santander.

    Casares propone un plan integral de mejora y rehabilitación de los barrios de Santander.

    28 de Mayo de 2015

    El secretario general y candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Pedro Casares, ha anunciado que impulsará un Plan Integral de mejora y rehabilitación de los barrios cuya primera medida será apostar por la rehabilitación de las viviendas dado que "tenemos un parque de viviendas muy antiguo" en el que vive personas muy mayores que, a su juicio, requieren del apoyo de la administración para poder rehabilitar sus casas. Ampliar foto Casares así lo ha avanzado durante un encuentro con los vecinos de San Simón Entrehuertas con quienes ha cumplido su compromiso de volver al barrio acompañado de arquitectos y técnicos en materia urbanística. Allí, Casares ha asegurado que "es fundamental la implicación del Ayuntamiento" en la rehabilitación, y "buscaremos la colaboración del Gobierno regional" en el proyecto. El candidato a alcalde ha indicado que "el urbanismo es un buen instrumento para luchar contra la desigualdad, para acabar con los barrios de primera y los barrios de segunda, y para dar a todos los vecinos de Santander los mismos servicios, los mismos derechos". "Quiero hacer de Santander una ciudad más sostenible, y para ello es fundamental renovar íntegramente los inmuebles, áreas y barrios del núcleo urbano de Santander", añadido. Mejora de accesibilidad El secretario general de los socialistas santanderinos considera que la zona del Río de la Pila, Barrio San Roque y San Simón-Entrehuertas "es un buen ejemplo de lo mal que se han hecho las cosas en Santander", pero es sobre todo "un buen ejemplo de todo lo que se puede hacer" en la capital cántabra por mejorar la vida de la gente. Como ha señalado Casares, este Plan de Rehabilitación debe hacerse "contando con los vecinos y, sobre todo, decidiendo con ellos qué actuaciones hacemos en los barrios, que es una máxima de nuestro partido". Asimismo, requerirá de un estudio pormenorizado de las necesidades y el establecimiento de las prioridades y tiempos para hacerlo "sin alterar la vida de las personas que viven" en sus viviendas, por lo que "la solución de una mejora integral hay que plantearla a largo plazo con financiación público-privada". Pedro Casares también ha señalado la urgencia de "poner en marcha un Plan de Supresión de Barreras Arquitectónicas en calles edificios y transportes" dado el envejecimiento de la sociedad santanderina. Por ello, el candidato ha trasladado a los asistentes al encuentro una "propuesta concreta que es la mejora inminente de la movilidad y del transporte público", y también de actuaciones "que se pueden hacer de forma inmediata" como las rampas que hay en los laterales del barrio para poner escaleras mecánicas tanto de subida como de bajada. Más dotaciones culturales Casares ha anunciado también que es necesario dotar a los barrios de centros cívicos y centros culturales "para que toda la ciudad tenga los mismos servicios". "La cultura, las actividades de ocio no pueden concentrarse solo en el centro de Santander", ha denunciado el líder socialista, por lo que "tenemos que desarrollar un modelo de ciudad inclusiva e integrada en la que ampliar y acercar los servicios a todas las zonas". El candidato ha considerado igualmente que "hay que cambiar el funcionamiento de las Juntas de Distrito para que sean realmente útiles" para el ciudadano y para la gestión municipal, y para ello es "fundamental apostar por darles verdadero poder de actuación descentralizando la gestión del Ayuntamiento" y haciendo que sean los propios vecinos quienes las dirijan y controlen. "Tenemos que lograr una administración más ágil y cercana", ha defendido Pedro Casares, "en contacto permanente con los barrios". Casares ha recordado que "el próximo 24 de mayo podemos decidir entre revalidar a un gobierno municipal insensible a los problemas de la personas, que antepone la contabilidad al bienestar de las familias y que lleva 37 años gobernando Santander, o abrir un tiempo nuevo dándome la confianza para hacer que el Ayuntamiento se centre en mejorar la vida de las personas, en sus necesidades, y que apueste por construir una ciudad con todos, en la que avancemos todos juntos y que no deje a nadie atrás"


  • MILLONES Y MILLLONES EN AYUDAS PARA VIVIENDAS EN CANTABRIA HASTA 2016

    MILLONES Y MILLLONES EN AYUDAS PARA VIVIENDAS EN CANTABRIA HASTA 2016

    28 de Mayo de 2015

    Un total aproximado de 22 millones de euros es lo que el Ministerio de fomento y el Gobierno de Cantabria destinarán al alquiler y fomento de viviendas en Cantabria, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y evaluación de edificios.

    Entre 2014 y 2016, el Ministerio aportará unos 15 millones de euros y la Comunidad Autónoma responderá con otros 7 millones. Todo ello destinado a este gran proyecto para la vivienda en Cantabria.

    La mayoría de esta cuantía irá dirigida a las ayudas para el alquiler de viviendas, con un total de 9,3 millones de euros, repartidos de tal manera que en 2014 se aportarán 1,1 millones, en 2015 serán 3 millones, mas 927.000 que aportará este mismo año la comunidad, y 4,1 millones en 2016.

    En cuanto a la rehabilitación de edificios en Cantabria, se destinará un total de 7 millones, entre los 4,2 millones del estado y los 3 millones del Ejecutico cántabro.

    El resto del presupuesto, 1.550.000 de euros, que iran dirigidos a la regeneración y renovación urbana, más casi 2 millones más, con los que se contará para elaborar informes de evaluación de edificios, sumamos ese total de 22 milllones de euros, con los que se conseguirá sin duda fomentar la vivienda en Cantabria.

  • Ayudas para la rehabilitación de fachadas en Torrelavega

    Ayudas para la rehabilitación de fachadas en Torrelavega

    11 de Mayo de 2015

    El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado la convocatoria de subvenciones de fachadas para las comunidades de vecinos de la ciudad que deseen rehabilitar o reparar sus edificios, que supone conceder ayudas de hasta el 25 % del coste total de la obra.

    En un comunicado, el concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, ha explicado que la convocatoria va dirigida a la restauración y conservación de edificios de carácter residencial, quedando exentos de la subvención aquellos inmuebles que estén desocupados.

    Además, la obra debe iniciarse con posterioridad a la solicitud de la subvención y tiene que ser solicitada por toda la comunidad de vecinos, aunque la actuación afecte sólo a una parte de la fachada si por algún motivo se encuentra en peor estado de conservación.

    Tipos de ayuda

    El Ayuntamiento tiene previstas dos modalidades de ayudas, las dirigidas a larehabilitación total de fachadas, en la que se concede una subvención del 25 % del importe total de la obra sin exceder de 2.400 euros por inmueble, y lasremodelaciones parciales, que obtendrá el 20 % del importe con un tope por inmueble de 1.500 euros.

    Además, existen las subvenciones a las que se pueden acoger losinmuebles catalogados por protección integral o ambiental, unos 165 edificios en toda la ciudad, los cuales obtendrán ayudas de entre el 25 % y 50 % del importe total, con un tope de entre 3.000 y 9.000 euros por inmueble.

  • Ayudas para la rehabilitación de edificios en Santander

    Ayudas para la rehabilitación de edificios en Santander

    11 de Mayo de 2015

    El Gobierno de Cantabria ha activado cinco planes de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas y la regeneración y renovación urbanas con una inversión de más de 25 millones de euros durante los próximos tres años y de los que se podrán beneficiar "miles de personas" a partir del lunes, 24 de noviembre, cuando se abre el plazo de solicitudes.

    Estos cinco planes, tres de ellos cofinanciados con el Ministerio Fomento y otros dos financiados por la Comunidad Autónoma, se integran en un decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que han presentado en rueda de prensa el presidente regional, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez.

    El Gobierno espera que las ayudas de estos planes, con vigor de 2014 a 2016 y desarrollados en base a un convenio con el Ministerio, induzcan una inversión privada de más de 100 millones de euros contribuyendo así a la reactivación económica y la generación de empleo. De los más de 25 millones de ayudas públicas, más de 21 son aportados por el Ejecutivo regional y algo más de tres por el Estado.

    Diego ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno para desarrollar estos planes para que los cántabros puedan tener "sus viviendas bien conservadas y éstas sean eficientes y accesibles", una política que además pretende ayudar al sector de la construcción a "crear empleo estable y de calidad".

  • La inspección técnica de edificios afectará a 21.400 viviendas de Santander

    La inspección técnica de edificios afectará a 21.400 viviendas de Santander

    11 de Mayo de 2015

    ¿Cómo están la estructura y la cimentación? ¿Y la fachada y las medianeras? ¿Qué grado de conservación tienen las cubiertas y las azoteas? ¿Y las redes eléctricas? ¿Y las de fontanería? ¿Y las de saneamiento? ¿Y los ascensores? Estas y otras interrogantes deberán tener cumplida respuesta a fecha 31 de diciembre de 2015 para unas 21.400 viviendas de Santander y casi 7.000 de Torrelavega. Esa es la traducción práctica -con datos del parque de viviendas recogidos en el estudio socioeconómico del Plan General de Urbanismo en el caso de la capital- que se extrae a la hora de fijar el número de pisos que deberá someterse de forma obligatoria a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una reconvertida 'itv' de la edificación que el Gobierno de Cantabria hará obligatoria a partir de 2013, en cumplimiento de la normativa nacional promulgada en julio de 2011.

    La conclusión directa es que los propietarios de los edificios afectados -Antonio González Barrios, director general de Vivienda, hizo hace un año una estimación preliminar superior a los 2.000 (edificios, no viviendas) en toda Cantabria- tendrán que hacer frente al pago de un técnico cualificado que haga la inspección. Si el informe detecta deficiencias, los vecinos deberán sufragar, previsiblemente vía derrama y en muchos casos buscando financiación, los defectos que haya que corregir, cuya cuantía dependerá de los daños descubiertos. Un gasto añadido que, de cumplirse la ley, habrá que acometer obligatoriamente y que gravarán aún más, y en tiempos de crisis, las economías domésticas. 

  • El certificado energético ya es obligatorio para vender o alquilar una casa en Cantabria

    El certificado energético ya es obligatorio para vender o alquilar una casa en Cantabria

    11 de Mayo de 2015

    El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy, en una edición extraordinaria, la Orden que regula la creación del registro de certificaciones de eficiencia energética de los edificios de la región, a raíz de la obligación legal de contar con estas calificaciones para la venta o alquiler de viviendas.

    Dentro de dos semanas, todos los edificios, pisos, locales u oficinas que se quieran vender o arrendar en España necesitarán contar obligatoriamente con una etiqueta de eficiencia energética , que determinará, como ya pasa con los electrodomésticos, qué categoría energética tiene el inmueble en cuestión, en función del consumo de energía que necesita para tener unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación.

    Esta calificación se representa mediante una escala de siete letras, en la que la A constituye la eficiencia máxima y la G, la menor.

    El propietario del inmueble se deberá encargar de contratar a un profesional que realice la calificación y, posteriormente, de registrar dicho documento en un registro de su comunidad, adquiriendo así el carácter de certificado.

    El promotor o propietario del edificio o de la vivienda deberá presentar, a partir de la entrada en vigor de esta Orden del BOC (mañana, día 30 de mayo), la solicitud de inscripción en el registro de Cantabria.

    El Boletín Oficial de Cantabria publica así la Orden que regula la creación de ese registro, que en esta comunidad autónoma está adscrito a la Dirección General con competencias en materia de energía de la Consejería de Innovación e Industria.

    El registro tendrá carácter público e informativo exclusivamente en relación con los certificados de eficiencia energética , y no supone la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito del edificio, según precisa la Orden del BOC .

    Y la inscripción no implica, en ningún caso, la conformidad de la Administración de la Comunidad Autónoma con la calificación energética o con el certificado de eficiencia presentado