Fachadas Cantabria

Santander, 8 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha autorizado la concesión de nuevas ayudas para la instalación de ascensores y la mejora de fachadas por un importe superior a los 30.000 euros.

Según ha precisado el concejal de Urbanismo, César Díaz, se han aprobado dos ayudas de 6.750 euros cada una a las comunidades de vecinos de Daoiz y Velarde 29 y Del Medio 7 para la instalación de ascensores en dichos inmuebles.

Asimismo, se ha acordado la concesión de dos ayudas a las comunidades de propietarios de la calle Arrabal 3 y Jesús de Monasterio 6 para la realización de obras en su fachada por un importe de 1.538 y 15.866 euros, respectivamente.

El concejal ha apuntado que el Consistorio santanderino colabora con las comunidades de propietarios en la conservación y el mantenimiento en buen estado de los edificios de la ciudad, con ayudas y acciones que van encaminadas a favorecer la reparación de los mismos.

También se ha referido a las subvenciones para la instalación de ascensores que mejoran la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de los edificios en el municipio.

Autor: Julio Tejedor | Fecha: 15/06/15 08:32

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Siendo criticables, a mi juicio y por las razones que expuse en mi anterior comentario, los pronunciamientos de fondo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015, de 14 de mayo, el tratamiento del tema competencial resultan aún más preocupante porque se une a los criterios sustantivos para desapoderar a las Comunidades Autónomas de parte sustancial de su competencia de vivienda. Pese a lo afirmado en el fundamento jurídico undécimo de la propia Sentencia 93/2015, al que me he referido en mi anterior comentario, el Tribunal realiza ahora una interpretación del artículo 149.1.13 de la Constitución que socava de forma muy notable las competencias autonómicas y, en palabras de la magistrada disidente Adela Asua Batarrita, “aporta un nuevo constreñimiento de las competencias autonómicas, que se añade a una serie –ya excesiva- de pronunciamientos recientes, que, como he señalado en votos anteriores, si no se corrigen, terminarán redundando en una grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial consagrado por la Constitución”.

El Tribunal omite toda referencia a títulos competenciales más específicos, como el relativo a las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, y se afana en afirmar sobre una precaria fundamentación la competencia estatal para establecer medidas limitativas del impacto de la protección de los deudores hipotecarios sobre el valor de los activos ejecutados que, además, considera excluyentes de cualesquiera otras que pudiera adoptarse desde la competencia más específica de vivienda por las Comunidades Autónomas. En palabras del Tribunal “hemos de partir de que el Estado, con las medidas que disciplina en la Ley 1/2013 conforma un régimen jurídico con el que se propone actuar sobre el sistema de ejecución hipotecaria para dar cobertura a las necesidades sociales de vivienda y, al mismo tiempo, que con ello no se perturbe significativamente el funcionamiento de los mercados hipotecarios. (…) Con este trasfondo, y sin prejuzgar si es acertado o no sea el equilibrio definido así por el Estado, pues tal apreciación de oportunidad queda fuera de los márgenes de enjuiciamiento de este Tribunal, la adición por la norma autonómica de un nuevo mecanismo orientado a satisfacer esa misma situación de necesidad rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia, acción pública que el Estado articula con ese carácter como medio de obtener simultáneamente los dos objetivos de política económica indicados”.

Así pues, identificado el conflicto entre el logro del mayor valor de las viviendas en manos de la banca y SAREB y la protección de deudores hipotecarios en el contexto de saneamiento del sistema financiero (con fondos públicos, por cierto), el Tribunal Constitucional considera correcto ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13 la regulación de las medidas de protección. Cualquier medida adoptada por una Comunidad Autónoma, aun amparada inicialmente en sus competencias estatutarias, quedará sometida a un juicio de constitucionalidad mediata consistente en el análisis de que “signifique una dificultad para la realización efectiva de aquéllas”. De ser así no es sólo que la norma autonómica resulte inconstitucional, es que cede la competencia autonómica misma bajo el imperio de la nueva y expansiva interpretación de un título tan general como el de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

El Tribunal analiza muy sucintamente las medidas adoptadas por el Estado para la reorganización y recapitalización del sistema financiero para hacer frente a la “situación de los balances de los bancos y la dificultad de acceso al crédito por empresas y consumidores” (FJ 17). Y en el contexto de las mismas incluye las relativas a la suspensión de lanzamientos y la creación del llamado fondo social de viviendas (de manifiesta ineficacia y sesgada regulación a favor de las entidades financieras o instrumentales propietarias de las viviendas) arbitrados por el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, sustituido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, modificada por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. Para el Tribunal, “el Estado define con esta doble medida la extensión de la intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad que considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado. En conclusión, las medidas estatales reseñadas, en tanto que determinan de un modo homogéneo para todo el Estado los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores, concurren de un modo principal a regular el mercado hipotecario en su conjunto y, al tratarse este de un subsector decisivo dentro del sector financiero, inciden directa y significativamente sobre la actividad económica general” (Sentencia 93/2015, FJ 17).

Y sobre la anterior afirmación el Tribunal no duda en potenciar, y aun construir, una competencia estatal para la regulación del sector de la vivienda, afirmando, sobre precedentes anteriores muy criticados como la Sentencia 152/1988, de 17 de marzo, diciendo que “adicionalmente, dado que su finalidad es garantizar a un mismo tiempo la efectividad del derecho a una vivienda y la regularidad sustancial en el funcionamiento del sistema financiero, cabe reputar, en lo que resulte concerniente a este proceso constitucional, las acciones públicas disciplinadas en el art. 1 y en la disposición adicional primera de la Ley 1/2013 como elementos básicos de la regulación del sector de la vivienda, que, como el Tribunal ha declarado reiteradamente (SSTC 152/1988, de 17 de marzo, FJ 2 y 4; 251/2006, de 5 de julio, FJ 11; y 112/2013, de 9 de mayo, FJ 3), es un subsector importante de la economía, admitiéndose como constitucionalmente legítimo que, aun cuando la competencia en materia de vivienda corresponda a las Comunidades Autónomas, el Estado señale, si lo considera necesario, ciertas líneas directrices de la ordenación de este segmento de la economía” (Sentencia 93/2015, FJ 17). Hasta sorprende la apelación al derecho a la vivienda tras la contundente afirmación anteriormente comentada.

No obstante lo anterior, la compatibilidad de la normativa autonómica con la adoptada por el Estado permitiría convivir a ambas regulaciones, sin cercenar competencia autonómica alguna. Los cuatro magistrados disidentes, por cierto, afirmar que tales normas resultan plenamente compatibles, los cuatro. Pero no lo entiende así la mayoría, que afirma que la expropiación de uso de la vivienda para destinarla a alojamiento “aborda la misma situación de necesidad que la normativa estatal reseñada, pero lo hace mediante una regulación que, lejos de consistir en una mera modificación o corrección de técnica jurídica respecto de la solución arbitrada por ésta, responde a un principio incompatible” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Pero el Tribunal con concreta en qué consiste exactamente esa incompatibilidad. De forma tautológica afirma, tras lo anterior, que “la respuesta normativa autonómica no se reduce a adaptar la solución estatal de suspensión del lanzamiento «hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley» (art. 1 Ley estatal 1/2013, en la redacción que le da el Real Decreto-ley 1/2015), introduciendo simples modificaciones o correcciones en función del título competencial autonómico en materia de vivienda, sino que arbitra un mecanismo por completo incompatible, como es la expropiación del uso de la vivienda objeto del procedimiento de ejecución por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. Este instrumento expropiatorio también difiere radicalmente del fondo social de viviendas que, para facilitar el acceso de personas desalojadas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles, regula la disposición adicional primera de la ley estatal 1/2013” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Como los magistrados disidentes no alcanzo a entender donde radica tan evidente incompatibilidad que, al constituir a juicio del Tribunal “un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado disciplina en la Ley 1/2013”, comporta que “el legislador andaluz ha ejercitado la competencia que le incumbe en materia de vivienda de un modo que menoscaba la competencia estatal ex art. 149.1.13ª CE” (Sentencia 93/2015, FJ 18). Coincido la magistrada disidente Adela Asua Batarrita, frente al expresado criterio del Tribunal, en que “el hecho de que una Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, haya optado por su propia solución normativa frente a un determinado problema es expresión del principio constitucional de autonomía (art. 2 CE). El legítimo ejercicio de las competencias asumidas estatutariamente no puede quedar subordinado a una pretendida coherencia (eufemismo que apela a la uniformidad) de la acción pública en todo el territorio del Estado”.

El ejercicio de la competencia de bases y planificación de la actividad económica tal cual la concibe ahora el Tribunal Constitucional y, en lo que nos afecta, específicamente desde la perspectiva de “la reorganización y recapitalización del sistema financiero”, proyectada sobre un sector económico de competencia autonómica comporta, en palabras del magistrado disidente Juan Antonio Xiol Ríos, “un efecto de bloqueo de la competencia sectorial autonómica exclusiva”. Y ello aunque afirme el Tribunal que “las indicadas acciones estatales no agotan la competencia autonómica en materia de vivienda, que sigue intacta en gran medida porque puede ser ejercida a través de todo tipo de regulaciones que estén desligadas del mercado hipotecario, como ocurre, dentro del mismo decreto-ley recurrido, con los instrumentos de fomento previstos en el Capítulo III del Título VI” (Sentencia 93/2015, FJ 17). El mercado hipotecario y el sistema financiero se erigen de este modo en límites infranqueables para el legislador autonómico de vivienda. ¿A cuántas competencias autonómicas más habrá de afectar la preservación por el Estado de los privilegios derivados del modelo regulatorio financiero e hipotecario vigente en España?

Con motivo de las elecciones del pasado 24 de mayo se ha producido una nueva situación política, con una fragmentación de la representación popular, que ha dado lugar a una generalizada búsqueda de pactos o apoyos de gobierno. Ante la similitud aparente del régimenparlamentarista de los Ayuntamientos con el del Estado y las Comunidades Autónomas, en más de una ocasión he tenido que oír interpretaciones peregrinas sobre la fórmula para proclamación de Alcaldes. Por ello, aunque para muchos no aportará nada nuevo, me ha parecido bueno hacer un recordatorio de algunas cuestiones.

En primer lugar, el Alcalde se elige en una única votación. No ha lugar a segunda votación, salvo en el caso de que quien resulte proclamado Alcalde renuncie en el mismo acto y en el improbable supuesto de que se aprecie nulidad de la primera votación.

Si como resultado de la votación un candidato obtiene mayoría de votos, pero no alcanza la mayoría absoluta del número de votos, no se proclama Alcalde al candidato más votado, ni se procede a nueva votación, siendo proclamado Alcalde el candidato que encabezó la lista más votada. Por ejemplo, en un pueblo de más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes se han elegido 17 Concejales de 6 partidos, correspondiendo 4 al partido A, que ha sido el más votado. También 4 al partido B, 3 al partido C, 3 al D, 2 al E y 1 al F. En la votación del 13 de junio el candidato del Partido F obtiene 8 votos, el suyo más los de los partidos B (4) y C (3). El partido A, D y E obtienen cada uno los suyos (4, 3 y 2, respectivamente) y resulta proclamado Alcalde el Concejal que encabezaba la lista A, por ser la más votada el 24 de mayo.

Ahora vamos a suponer que la lista más votada se abstiene y los demás se votan a sí mismos. La lista A, más votada, obtiene cero votos en la elección de Alcalde, pero su primer candidato será proclamado Alcalde, al no alcanzar la mayoría absoluta ninguno de los demás candidatos.

Puede ocurrir que alguno de los candidatos electos decida no llegar a tomar posesión del cargo de Concejal, por los motivos que sean. Bastará con que antes de la sesión constitutiva presente su renuncia ante la Junta Electoral de Zona, quien acreditará como electo al siguiente de su lista que corresponda.

Así, La Junta Electoral Central en su Acuerdo de 7 de febrero de 1996, ante la Consulta del Ayuntamiento de Otura (Granada), sobre la interpretación del art. 196 LOREG ante la elección para el cargo de Alcalde, en la que el candidato del partido con más sufragios populares no obtuvo ningún voto no llegando a la mayoría absoluta el candidato del siguiente partido en número de votos, acuerda:

«Comunicar que ha de ser proclamado Alcalde el candidato de la lista más votada aunque no haya obtenido ningún sufragio de los concejales a la elección de Alcalde por cuanto el art. 196 atribuye ex officio dicho cargo a dicho candidato».

Otra circunstancia que se puede dar es que el candidato de cualquier lista no desee, por alguna circunstancia, ser elegido Alcalde, pero sin renunciar a la condición de Concejal. Puede renunciar a ser candidato previamente a la sesión constitutiva, siendo sustituido por el siguiente electo de la lista, pasando a ocupar la última plaza de electos de su lista, a efectos de futuras renuncias que pudieran hacer que la lista siguiera corriendo. Así, una vea subsanados los impedimentos que dificultaron su elección como Alcalde, su partido puede facilitar su proclamación mediante sucesivas renuncias.

Por último, aunque no verse sobre la forma de elección de Alcalde, haremos mención a otro tema recurrente. La sesión constitutiva del Ayuntamiento deberá celebrarse en el Salón de Plenos de la Corporación. Puede ocurrir que alguna circunstancia lo impida, como ocurre en Brunete donde el incendio del Salón impide su uso para tal fin, pero la mera conveniencia o vistosidad de la ceremonia no justifica el cambio. Cosa diferente será que el Reglamento Orgánico Municipal dispusiera que la sesiones se celebrarán en el Salón de Plenos, pero prevea alguna excepción. No obstante, en aquellos municipios que tradicionalmente celebran la sesión constitutiva en otro lugar, pueden estar tranquilos, pues este defecto no creemos que determine la nulidad absoluta de la constitución.

Es bien conocido lo ocurrido con el impuesto autonómico sobre los depósitos bancarios. Declarada su constitucionalidad inicialmente por la STC 210/2012, de 14 de noviembre,considerando que no existía equivalencia con los impuestos sobre el valor añadido y sobre actividades económicas, rápidamente el Estado estableció dicho gravamen, sobre el papel, con finalidad armonizadora y no recaudatoria. Conseguía así, desde sus competencias, impedir que las Comunidades Autónomas ejerciesen las suyas (art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, cuya constitucionalidad ha ratificado la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de mayo de 2015). Tras la normativa estatal las Sentencias del Tribunal Constitucional 30/2015, de 19 de febrero, y la más reciente de 28 de mayo de 2015, han declarado la inconstitucionalidad de normas autonómicas valencianas y catalanas que trataron de establecer este gravamen al tratarse de un impuesto equivalente al estatal. El Estado ejerció así una competencia únicamente para bloquear el posible ejercicio diferencial que de las suyas podían realizar las Comunidades Autónomas. Tal forma de actuar, amparada en la constitucionalidad formal de la normativa estatal no deja de resultar criticable desde una perspectiva material y, sobre todo, valorada a la luz del significado que los principios de autonomía y de lealtad constitucional tienen en nuestra Constitución. Pudiera decirse que el Estado alumbró una nueva modalidad de legislar, la aprobación de leyes de bloqueo, sin más objetivo que impedir la legislación autonómica.

No puedo evitar recordar lo anterior, que me parece harto criticable, cuando leo perplejo, aunque quizá no tanto como los cuatro magistrados disidentes, la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015, de 14 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad número 4286-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. La Sentencia, que cuenta con tres duros votos particulares suscritos por cuatro magistrados, realiza una interpretación del artículo 149.1.13ª de la Constitución que, aun enmarcada en una doctrina del Tribunal claramente expansiva de dicho título competencial en su efecto habilitante al Estado, construye ahora una nueva competencia estatal en relación con “la reorganización y capitalización del sector financiero” que, sobre la base de un somero y cuestionable análisis de compatibilidad entre las medidas adoptadas por el Estado y Andalucía para proteger a quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda, termina cercenando la competencia autonómica sobre vivienda. Es la solvencia del sistema en sí lo que se trata de recuperar y preservar con la afirmación de la competencia estatal. Son muchas las cuestiones que en ella se abordan, tanto desde la perspectiva del encaje constitucional y estatutario de los decretos-ley como, muy especialmente, en lo relativo a la configuración constitucional de la propiedad de la vivienda y del derecho a la vivienda y al alcance de la competencia estatal sobre bases y planificación general de la actividad económica y a su impacto, abiertamente limitativo, sobre las competencias exclusivas autonómicas. A las dos últimas cuestiones, dadas las escasas novedades  dedico las reflexiones que siguen.

Reconocido de nuevo el encaje constitucional, conforme a las correspondientes previsiones estatutarias, del decreto-ley autonómico, el Tribunal rechaza que puedan imponerse exigencias específicas a los ejecutivos autonómicos o que la mayor agilidad del procedimiento legislativo en las asambleas autonómicas sea algo más que un elemento más para valorar la necesidad de la adopción de la norma urgente por parte del ejecutivo (FFJJ 3 a 6). Más interesante es el análisis que el Tribunal realiza acerca de la concurrencia del el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad (FJ 7), que le lleva a concluir que existe una definición explícita y razonada de la extraordinaria y urgente necesidad en la exposición de motivos del Decreto-ley impugnado (FFJJ 8 y 9) y que las medidas guardan un nexo adecuado con la situación de necesidad definida (FJ 10).

Especial interés tiene la desestimación por el Tribunal del tercer argumento esgrimido por el Estado para rechazar la existencia del presupuesto habilitante del Decreto-ley recurrido, la posibilidad de conseguir el fin que con él se persigue mediante mecanismos previstos ya en la legislación vigente (Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, derogado, tras ser tramitado como proyecto de ley, por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). El Tribunal considera, apoyándose en su anterior Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre, que “cuando concurre, como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre claro está que lo hagan dentro de su espectro competencial. El hecho que el legislador estatal haya aprobado, invocando al efecto sus competencias, medidas legislativas para satisfacer tal necesidad no es razón para impedir que otro legislador haga lo propio dentro de las suyas. Por ello, esta última objeción relativa al presupuesto habilitante se reconduce a si la Junta de Andalucía tiene competencia en la materia sobre la que recaen las medidas discutidas” (Sentencia 93/2015, FJ. 11). Esta es una de las claves de la Sentencia 93/2015. Por esta razón el Tribunal afronta, como explicaré a continuación, una reconstrucción expansiva de la competencia estatal sobre bases y planificación general de la actividad económica que, a la postre, comporta la negación de cualquier competencia autonómica concurrente como pudiera ser la de vivienda. Y lo hace, sorprendentemente, afirmando la inconstitucionalidad mediata de la norma autonómica, negando la competencia autonómica misma, tras analizar muy someramente la compatibilidad de la normativa autonómica con la dictada por el Estado al amparo del reconstruido título del artículo 149.1.13 de la Constitución. Tal forma de argumentar en los fundamentos jurídicos 16 a 18 de la Sentencia 93/2015 bien pudiera considerarse contradictoria con lo afirmado en el fundamento 11 de la misma que acabo de citar.

Pero antes de analizar la apuntada cuestión competencial debe hacerse referencia al análisis que la Sentencia 93/2015 realiza de la posible vulneración por el Decreto-ley recurrido de los límites materiales a que están sujetos y, en particular, de su posible afección al derecho de propiedad (art. 33 de la Constitución) y al derecho a la vivienda (art. 25 del Estatuto andaluz, en conexión con su art. 110, que impide que los decretos-ley afecten “a los derechos establecidos en este Estatuto”). Pues bien, el Tribunal considera que el art. 1.3 del Decreto-ley, al imponer al propietario de una vivienda “el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” impone un “único uso posible a un determinado tipo de bienes (…) con la influencia consecutiva que esa imposición tiene sobre el poder de disposición, dado que se reducirá notablemente el mercado de compradores y cambiarán las condiciones en que éstos estarán dispuestos a adquirir el bien”. Afirma pues el Tribunal, sin detallar por cierto a qué otros usos se refiere, que la obligación de destinar una vivienda al uso residencial que le es propio la devalúa en el mercado. Ni más ni menos. Y olvida además que el artículo 2.4 del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece que “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia”. Y el que el artículo 9.1 de la misma Ley prevé que “el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística”, de modo que fijado el uso residencial resulta difícil imaginar otros usos que, aun pudiendo ser admitidos en el planeamiento, sólo en raras ocasiones resultarán más lucrativos. ¿Resultaría igualmente inconstitucional a juicio del Tribunal una norma urbanística autonómica que previese el residencial como uso exclusivo una vez fijada tal calificación? En todo caso el Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del precepto andaluz que establecía que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previstos por el ordenamiento jurídico”. Parece que la categoría de bienes o el tipo de uso resultan decisivos, pues ningún obstáculo se opuso a la normativa de fincas manifiestamente mejorables, agraria andaluza o extremeña de la dehesa, entre otras. La vivienda, entendida como un activo económico, parece ser diferente. En esto coinciden el Tribunal Constitucional y la SAREB.

¿Y “afecta” el Decreto-ley recurrido al derecho a la vivienda? El Tribunal Constitucional viene a decir que da igual. Ignorando su propia jurisprudencia que, en algunos supuestos, ha explorado la construcción del derecho a la vivienda, obviando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo considera derecho fundamental y privando de toda relevancia a numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en conexión con otros derechos recogidos en el Tratado, ha protegido a ciudadanos en su derecho a la vivienda. Pues bien, para desestimar la alegación del Estado de que el Decreto-ley vulnera los límites materiales a que ésta sujeto afirma el Tribunal que “basta para rechazar esta alegación con destacar que el derecho a una vivienda digna recogido en el art. 25 EAAnd, que más que un derecho subjetivo es un mandato a los poderes públicos autonómicos [SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 15 c); 31/2010, FJ 16; y 110/2011, de 22 de junio, FJ 5], garantiza la posición jurídica del ciudadano que necesita un lugar donde vivir y no la del propietario de la vivienda, interés este último que no está amparado por el contenido del art. 25 EAAnd sino por el derecho de propiedad recogido en el art. 33 CE. Es claro, por tanto, que la afectación que arguyen los recurrentes podría incidir en el derecho de propiedad (art. 33 CE), cuestión que como hemos razonado queda sobrevenidamente fuera del objeto de este proceso constitucional, pero en ningún caso en la situación jurídica tutelada por el art. 25 EAAnd, de modo que no existe vulneración del referido límite material que impone el art. 110 EAAnd en relación al art. 25 EAAnd.” (Sentencia 93/2015, FJ 14). De este modo, incidentalmente, se quiebra el proceso jurisprudencial y doctrinal de construcción del derecho a la vivienda ignorando, una vez más, que la normativa básica estatal prevé expresamente, con carácter básico y concretando legalmente el alcance del artículo 47 de la Constitución, el derecho de todos los ciudadanos a “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados” [art. 4.a) de la Ley de Suelo de 2008].

La Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2015 desde la perspectiva expuesta resulta demoledora de la competencia autonómica para establecer mayores estándares de protección del derecho a la vivienda mediante regulaciones más incisivas del derecho de propiedad. Pero, como explicaré en mi siguiente comentario, todavía lo es más desde una perspectiva competencial.